Infancias Robadas denuncia que organismos públicos, como el IMAS en Mallorca, apartan a hijos de sus padres y otros familiares, sin permitir contacto con los progenitores biológicos. La que fuera madre de acogida Inés Muñoz decidió hace unos años luchar con una asociación propia contra estas injusticias. Asegura que hay centenares de casos en nuestra Isla y denuncia en esRadio97.1 el hermetismo en torno a los menores. La presidenta de Infancias Robadas, Inés Muñoz, junto a la secretaria de la asociación y educadora social, Lidia Crispi, lamentan que «opacidad total», así como la inacción del Defensor del Menor y pasividad de la Fiscalía de Baleares, que dirige Tomeu Barceló. Sostienen que el principal problema que rodea a la tutela de menores es que hay quienes entienden esta labor social como un negocio: «se mueve mucho dinero; hay un exceso de dinero porque por cada menor se reciben un mínimo de 4.000 euros» (48.000 anuales).
La mayoría de centros de acogida son privados, 22 en Mallorca y 5 públicos. «Los acogimientos ya están privatizados», según Muñoz. Aparte están las familias de acogida, que perciben en torno a 500 euros mensuales. Crispi señala que «hay una gran diferencia con los hasta 9.000 o 12.000 euros mensuales que puede llegar a pagar la Unión Europea por cada tutela» y por protección de menores «no se puede decir en qué se invierte el dinero».
Infancias Robadas organiza el primer congreso nacional del «dolor silenciado del niño tutelado», en el centro Flaseders de Palma, abierto a todos los interesados, con la participación de diferentes expertos.
