La Agencia de Protección de Datos ha sancionado a la Sociedad Municipal de Aparcamientos Públicos de Palma (SMAP) con el pago de 30.000 euros por el uso de información confidencial para una denuncia política desmentida por los afectos. Partido Popular y Ciudadanos exigen la dimisión o cese del presidente de la entidad y concejal de Movilidad, Joan Ferrer, que no asume ninguna responsabilidad. Además, se niega a pagar la multa de su bolsillo. Por su parte, el alcalde Antoni Noguera pretende dar el tema «por cerrado», aunque como ya avanzó la jefa de la oposición en Cort, Margalida Durán, en esRadio97.1, el PP no cejará a la hora de exigir responsabilidades por el «espionaje» promovido para acusar a sus concejales de realizar un uso indebido y abusivo de la tarjeta municipal en los subterráneos públicos.
