Los dirigentes de Podemos en Baleares han evitado pronunciarse sobre la compra del chalet de sus líderes hasta que no les ha quedado otro remedio. Cuando en su rueda de prensa semanal antes del pleno en Parlament, no había otra opción que responder a los periodistas, Alberto Jarabo ha seguido la línea oficial. Ni un atisbo de crítica a sus líderes. Sí en cambio a lo que calificaba de «acoso real».
El portavoz parlamentario autonómico justificaba a Pablo Iglesias e Irene Montero ante los medios de comunicación. Asegura que es «compatible» la adquisición de una vivienda por 660.000 euros con la continuidad de ambos al frente del partido. Por eso votará que sigan en el refrendo convocado en su partido por el propio secretario general. Jarabo, que tuvo su propia polémica por realquilar un apartamento en Son Serra de Marina, no quiso valorar la presunta incoherencia, que es tan criticada desde diferentes ámbitos y que expresaba la ‘popular’ Catalina Cirer en la tertulia de los lunes en ‘Es la mañana de Baleares’.
El portavoz parlamentario de Podemos sostuvo que «no es competencia» de su grupo parlamentario «hacer consideraciones sobre la vida privada de ningún miembro de algún partido político». Mientras, hasta sus socios del Pacto advertían de la incongruencia del discurso oficial y los hechos, aunque tímidamente. El portavoz del PSIB en el Parlament, Andreu Alcover, declaraba que puede haber un «problema de coherencia”, aunque acto seguido, el socialista añadía que «si se ha ganado el dinero lícitamente» no tiene «nada que decir» ya que es «un problema de partido». Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Margalida Prohens, criticaba a Pablo Iglesias por “dejar las plazas por una mansión de lujo».
Por otro lado, el mismo PP reprochaba al Govern del Pacto que dé «la callada por respuesta» a las palabras de Valtonyc animando a matar guardias civiles. Prohens adelantaba en su comparecencia previa al pleno de este martes, que el Partido Popular va a presentar en las próximas horas una proposición no de ley (PNL) de rechazo para que la cámara autonómica condene formalmente estas declaraciones del rapero condenado a tres años y medio de cárcel y manifieste su apoyo a los cuerpos y fuerzas de seguridad.