El abogado Javier Pérez-Roldán sostiene que el Govern que preside Francina Armengol «viene a establecer la censura» con la multa a Juan José Tenorio, impulsor y presidente de Valores en Baleares. Según declaraciones del letrado en esRadio97.1 -donde ha ofrecido las claves del recurso presentado a la sanción impuesta por la Conselleria de Presidencia-, su defendido «se enfrenta a una secta administrativa».
En su escrito, el abogado de Tenorio comienza expresando su «sorpresa» por el hecho de que atribuyan la condición de «Señor» a Juan José Tenorio e ironiza preguntando «¿quién ha dicho a la administración que mi cliente se siente varón y por tanto hay que referirse a él como Sr.? ¿Quién ha dicho que no se siente de cualquier otro género?». Además, en su recurso, el letrado incluye unos versos de Quevedo, así como imágenes del Día del Orgullo Gay (como las que ilustran esta información) para demostrar que hay homosexuales que «van en taparrabos» como afirmó el multado. E «incluso desnudos», añadió en sus explicaciones a través de las ondas, como también en el texto presentado al Govern, en el que plantea «la imposibilidad de sancionar una evidencia y hechos constatables» como los descritos supuestamente por Tenorio en Facebook. Porque para empezar plantea que el Ejecutivo debería demostrar primero la autoría de los textos colgados en la popular red social.
«La Administración está para defender el interés general, no los intereses particulares», escribe en su recurso Pérez-Roldán ,que pregunta retóricamente si «no existe en España libertad ideológica y de conciencia». Asimismo el letrado de Tenorio, plantea la posible inconstitucionalidad del artículo 36.3.B de la Ley 8/2016 para garantizar los derechos de lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales y para erradicar la LGTBI fobia.
El abogado lamenta la «persecución de la disidencia» y termina solicitando el archivo del expediente. Argumenta igualmente que se han incumplido los plazos marcados por la normativa vigente y concluye que «subsidiariamente se resuelva acordando que no existe ilícito administrativo alguno» y por tanto se revoque la sanción impuesta, que el afectado considera una mordaza. Porque además, la reincidencia se sancionaría con hasta 6.000 euros, según explicaciones del propio sancionado Tenorio, que de momento recurre la multa de 736 euros impuesta por el departamento que dirige la socialista Pilar Costa, consellera portavoz del Ejecutivo del Pacto y titular autonómica de Presidencia.
