El alcalde de Palma, Antoni Noguera, anunció que el desalojo de Son Banya sería “un momento histórico”. Sin embargo, al final no será esta semana, como había previsto el Consistorio, que se ha tenido que plegar a las evidencias de la dificultad y la oposición de los afectados. Lo que anunciaron para dos días puede tardar más de dos años.
Los vecinos del poblado gitano, marcado por la droga, se resisten a abandonarlo y no se procederá al anunciado derribo de sus chabolas este martes y miércoles. La operación se aplaza ‘sine die’ y el Pacto en Cort, lejos de reconocer su error e incumplimiento, celebra el aplazamiento, que solicitaron desde el propio Consistorio a los juzgados.
Desde el Ayuntamiento hablan de “cuestiones administrativas y de seguridad” a la vez que agradecen que los tribunales les hayan apoyado en su retraso. La concejal de Bienestar y Derechos Sociales, Mercè Borràs, ha defendido que en esRadio97.1 que la actuación se realice «paulatinamente» para «garantizar la seguridad de las familias» y para elegir antes a la empresa encargada de demoler el poblado. Porque ni siquiera está contratada aún.
Borras admite prácticamente sobre la fecha marcada en el calendario por el propio Ayuntamiento que «se ha visto que este plan era mucho trabajo en el sentido de que teníamos previstos 45 desalojos en pocos días. Ahora tenemos más tiempo para poder conseguir cuatro alojamientos que nos faltan y elegir la empresa encargada de la demolición». La fecha límite marcada es ahora dentro de más de dos años; Cort espera que el desalojo esté completado en 2020.
Desde el grupo municipal de Ciudadanos en Palma critican la «poca previsión» del Consistorio y exigen al equipo de Gobierno «más rigor en sus actuaciones».
