La presunta cabecilla de la trama de intoxicaciones alimentarias de turistas británicos ha negado su implicación en los juzgados. La británica imputada asegura que ella y sus empleados se limitaban a recoger datos personales de turistas de su nacionalidad para venderlos. Según su relato, nunca vio formularios para posteriores reclamaciones. En cambio hay investigaciones de detectives privados y grabaciones incitando a veraneantes en Mallorca a presentar denuncias. Pero como ha explicado en el ‘Gabinete Jurídico’ de esRadio97.1 el abogado penalista Guillem Cladera, realmente, no tiene obligación de contar la verdad.
Si la versión ofrecida en la jornada de declaraciones resulta verosímil o veraz será determinado por la Justicia. Mientras lo que hay es una denuncia de toda una trama, con fraudes a establecimientos turísticos y turoperadores, que podrían alcanzar los 50 millones de euros según la Federación Hotelera de la Isla. De hecho, el Reino Unido ya ha adoptado diferentes medidas para terminar con este tipo de prácticas fraudulentas. Precisamente desde esta misma semana, el Reino Unido limita los honorarios de los abogados en demandas por enfermedad en el extranjero. Así lo ha decidido el Ministerio de Justicia británico, tras detectar que las denuncias en vacaciones han aumentado más de un 500 por ciento en los últimos tres años, mientras que el número de casos de enfermedad notificados en el lugar turístico permanece igual o es inferior.
Según la asociación de viajes ABTA, las empresas de gestión de reclamaciones son quienes presuntamente fomentan estas reclamaciones falsas poniéndose en contacto telefónico con los clientes. Les explican a los turistas que si alguien ha enfermado disfrutando de un paquete de vacaciones en los últimos tres años tienen derecho a una indemnización.
